Exclusivo: La Tensión Crece en la Entidad Más Grande del País
Una tensa situación se vivió en las oficinas de la Nueva EPS en Bogotá cuando varios uniformados de la Policía llegaron con una orden de arresto en mano dirigida a la nueva agente interventora designada por el Gobierno de Gustavo Petro: Gloria Libia Polanía Aguillón.
La diligencia judicial, emanada por un juez de Yarumal (Antioquia), corresponde a un incidente de desacato de tutela por el incumplimiento en la prestación de servicios a un paciente. El hecho revela el dramático pulso entre las obligaciones legales de la EPS y la nueva administración en medio de la crisis de salud.
La Versión Oficial Entregada a la Policía: ¿Renuncia o Estrategia?
Según una minuta policial conocida por EL TIEMPO, cuando los uniformados llegaron a las instalaciones, fueron atendidos por funcionarios de la EPS, quienes les entregaron una versión que impidió el arresto inmediato:
“La persona por la que estaban preguntando (Gloria Polanía) solicitó la renuncia, la cual fue aceptada por la entidad, quedando en su reemplazo el señor Aldemar Casadiego Jaime.”
— Versión entregada a la Policía, según el reporte.
El informe policial concluye que, debido a esta supuesta renuncia, “se ha dificultado su localización” para ejecutar la orden de arresto.
La Contradicción de la Nueva EPS
Pocas horas después del operativo, César Franco, gerente de la Unidad de Servicios Compartidos de la Nueva EPS, habló con medios de comunicación y negó la versión de la renuncia.
Franco aseguró que hubo una visita policial por un desacato, pero sostuvo que la orden era contra el interventor saliente, Bernardo Camacho, y no contra Polanía.
“Las autoridades tienen que haberse confundido, porque vinieron por un desacato de tutela, pero contra Bernardo Camacho. Les dijimos que él ya había renunciado y no trabajaba en la entidad. Gloria Polanía no ha renunciado, ella sigue aquí,”
— César Franco, Gerente Nueva EPS.
El Contexto: Cientos de Órdenes de Arresto
Fuentes de la Policía confirmaron que la orden de arresto era efectivamente contra Gloria Polanía Aguillón.
De hecho, el mismo informe policial reveló un dato alarmante: la interventora y representante legal de la Nueva EPS, con más de 11.5 millones de afiliados, tiene “aproximadamente más de 400 órdenes de arresto de diferentes despachos” (juzgados) por desacatos de tutelas relacionadas con la falta de atención y medicamentos a pacientes.
Este tipo de sanciones de arresto, aunque no son órdenes de captura penal, buscan obligar a los representantes de las EPS a cumplir con los fallos judiciales, poniendo en evidencia el deterioro en la prestación de servicios y el incumplimiento sistemático de derechos fundamentales.
¿Crees que la versión de la renuncia fue una estrategia para evitar el arresto? Comparte tu opinión.
